''Vivir con discapacidad es un 'capricho' muy caro''

ANTONIO RUESCAS. Presidente de COCEMFE Alicante. Vicepresidente COCEMFE Comunidad Valenciana.

Por SONIA MARCO

Recién elegido presidente de COCEMFE Alicante por cuatro años más, Antonio Ruescas (Villena, 1967), afronta su cuatro mandato consecutivo al frente de la entidad con nuevos objetivos y la ampliación de su sede como principal reto a medio plazo. La inserción laboral, la accesibilidad de espacios públicos y la participación en el ocio, cultura y deporte de las personas con discapacidad, son las líneas de trabajo que Ruescas y su equipo afrontan día a día.

Antonio Ruescas llegó a COCEMFE en 1999 tras haber sufrido un accidente de tráfico laboral años antes. La entidad llevaba entonces diecinueve años funcionando con la integración y la atención de las personas con discapacidad como principales objetivos. En 2007 Ruescas fue elegido presidente de COCEMFE Alicante, que hoy agrupa a 45 asociaciones de personas con discapacidad de todas las comarcas de la provincia, y hace un mes escaso ha vuelto a validar su cargo. Reivindicativo, claro y directo, Ruescas expone cuáles son sus objetivos y retos, así como las dificultades que afronta para alcanzarlos.

—Tras casi 40 años desde que se fundó COCEMFE, los objetivos y líneas de trabajo de la entidad han ido adaptándose a los hitos conseguidos y los que todavía están por lograr. En la actualidad, ¿cuáles son sus líneas de trabajo?

—Seguimos trabajando en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como la aplicación de la Ley de Autonomía Personal, la educación de los niños en los colegios, que hasta hace unos años dependían de la sensibilidad del político responsable, y afortunadamente todo esto está cambiando: ya no son asuntos graciables, son derechos con un marco legal definido. Sólo nos queda exigir que se cumplan los derechos.

—COCEMFE funciona con una sólida estructura coordinada a nivel autonómico y nacional, pero con un alto grado de independencia de sus entidades, que tienen proyectos propios y trabajan de forma autónoma con el apoyo y recursos de la provincial. De todas ellas, ¿cuál es el colectivo más desfavorecido en la actualidad?

—Nosotros trabajamos con personas con discapacidad física y enfermedad orgánica agrupadas en asociaciones, tanto de tipo generalista y de ámbito local, como de patologías concretas como el parkinson, la espina bífida, la esclerosis…El mayor grupo en riesgo de exclusión social se encuentra en las grandes discapacidades, muy dependientes y ya fuera del mercado laboral, sin posibilidades de empleabilidad, necesitados de muchos recursos que tardan en llegar y nunca son suficientes. Este colectivo es importante, son personas gran dependientes con su cabeza en perfecto estado con necesidades que no llegan a ser cubiertas y en medio de un vacío legal que las ampare.

—¿Qué actuaciones ha llevado a cabo COCEMFE para paliar las necesidades de estas personas?

—COCEMFE Alicante puso en marcha una residencia para personas con discapacidad de gran dependencia en Petrer, donde el ayuntamiento nos cedió los terrenos en un sitio privilegiado. Es un centro muy puntero, con dómotica al servicio de las 40 plazas disponibles, de las que hay dos o tres libres para urgencias sociales. También tenemos una Fundación que la gestiona y un Centro de Empleo donde generamos trabajo para las personas con discapacidad.

—Ha comentado que las medidas llegan tarde y no son suficientes, ¿cómo está funcionando la Ley de Dependencia y las ayudas que contempla?

—La ley de Autonomía Personal de 2006, conocida como la Ley de Dependencia, es buena pero se hizo de manera precipitada, sin los fondos y recursos apropiados, con muchas carencias. Desde su puesta en marcha, la Comunidad Valenciana siempre ha estado a la cola en cuanto a su desarrollo en comparación con otras comunidades autónomas y si bien es cierto que con el último gobierno se ha dado un empujón, como partíamos de tan bajo todavía estamos por detrás en la comparativa con otras regiones.

En los Ayuntamientos hay muchos atascos, pues no tienen los medios suficientes para hacer las valoraciones, y si partimos de que se hacen a un ritmo muy lento y la respuesta de la Consellería a la hora de conceder las ayudas de cada caso también es muy lenta, así como la tardanza en cobrar la cuantía, el caos es importante.

—¿A qué cree que se debe esta situación?
—A un problema tanto burocrático como político. En nuestra Comunidad siempre se hace bandera de una infrafinanciación por parte de la administración central, y cada vez que hablamos con la autonómica señalan este hecho como responsable del problema. Pero en el caso de otra serie de ayudas, como las del empleo que también provienen del Ministerio, hay un retraso por parte de la Consellería a la hora de pagar porque sabemos que el dinero desde Madrid ha llegado. Hay mucho desorden.

—La incorporación laboral de las personas con discapacidad es uno de sus frentes de batalla. ¿Cómo se desarrolla en la actualidad la aplicación de la ley del año 82 que contempla este objetivo?

—La ley establece que en las empresas de más de 50 trabajadores, como mínimo el 2% de su plantilla tiene que estar compuesta por personas con discapacidad. Esa ley se viene incumpliendo desde que se puso en marcha en el año 82, al igual que la de accesibilidad, con suficiente marco legal para que todos los espacios públicos sean accesibles, obligatoriamente desde diciembre de 2017, y que hoy sigue incumpliéndose no sólo en edificios históricos, sino en los de obra nueva que no se construyen en base a sus principios, y eso no se puede permitir.

—¿No hay inspecciones que hagan cumplir esas leyes?
—No se cumplen las leyes porque no hay una vigilancia, por lo que no sirven de nada. Hicimos un estudio en COCEMFE Alicante en 2002 relacionado con el empleo y decía que sólo el 30% de las empresas obligadas a contratar personas con discapacidad, tenían alguna en plantilla, resultados que siguen estando vigentes. Imagina el campo de trabajo que hay para nuestro colectivo sin explotar aún.

—¿Hay una bolsa de trabajadores con discapacidad a disposición de las empresas?

—Uno de nuestros servicios es el SIL, Servicio de Intermediación Laboral, que dispone de técnicos que buscan empleadores. Actualmente tenemos más de 3.000 personas con discapacidad en la provincia de Alicante evaluada por nosotros y preparada para incorporarse al mundo laboral, y cada año intermediamos en más de 120 contratos, según nos consta. El servicio es gratuito.

—¿Y cómo es la situación de estas personas mientras no trabajan?
La mayoría tiene pensiones, pero las de una minoría son no contributivas que les permite malvivir y la otros están en paro con la dificultad añadida de su discapacidad, lo que les dificulta su acceso al mercado laboral porque todavía en 2019 hay falsas creencias de que la persona con discapacidad presenta más bajas laborales, absentismo laboral o menos capacidad para desarrollar su trabajo. Pero la experiencia nos dice que cuando una persona con discapacidad entra en el mundo laboral, al haber tenido tantas dificultades para acceder valora mucho lo que tiene y trabaja muy bien.

— En cuanto al empleo sumergido, ¿tienen indicios de su práctica en su colectivo?

—Nos consta que sí hay, pero no igual que en las personas sin discapacidad, porque en la mayoría de los casos cuando la empresa contrata lo hace pensando en las bonificaciones. El empleo sumergido en nuestro colectivo es más dado en personas que trabaja en su casa, sobre todo en el sector del calzado donde se practica históricamente, pero no tanto buscado por el empresario sino porque responde a una supervivencia, una búsqueda de recursos de cualquier manera. Se piensa más en el hoy que en el mañana, y tenemos casos de trabajadores que sufrieron accidentes laborales y que no tienen derecho a una pensión al haber trabajado de forma sumergida. Insistimos que hay que prever estas situaciones y pensar en el mañana.

—Respecto a la visibilidad de las personas con discapacidad, a lo largo de estos años ha cambiado en la sociedad. ¿Cómo ve esta evolución?

—Hemos avanzado, aunque no al nivel que deberíamos en cuanto a respeto y participación activa en la sociedad. Recordemos que hace unos años las personas con discapacidad se quedaban encerradas en sus casas y no participaban en la vida cultural, deportiva ni de ocio, disponían de una atención socio sanitaria en el mejor de los casos y poco más.

Todo esto ha ido cambiando y si en primer lugar nuestra mayor reivindicación era la accesibilidad y el empleo, en los últimos años estamos abordando otras líneas de trabajo como el ocio y tiempo libre, deporte adaptado, y sexología, tanto individual como en parejas. Para ello tenemos en COCEMFE a profesionales que atienden estas necesidades, así como a las familias, que en la mayoría de los casos soportan una carga de trabajo físico y anímico importante. Vivir con discapacidad es un “capricho” muy caro.

—La crisis económica de los últimos años, ¿cómo les ha afectado?

La crisis ha sido muy dañina, pues se perdieron muchos puestos de trabajo. La cualificación de nuestro colectivo es en general muy baja y fueron los que sufrieron los primeros despidos. Por otra parte, el copago farmacéutico fue una medida política que nos ha complicado mucho la vida. Hubo gente que tuvo que abandonar tratamientos y empeoró, la administración no midió bien las consecuencias. El café para todos no es bueno, estas medidas no se pueden aplicar a todos pues las personas con discapacidad no juegan con las mismas cartas.

—En plena temporada de elecciones, ¿cómo ve las diferentes opciones políticas?

—En 12 años que he estado al frente de COCEMFE he conocido a políticos muy comprometidos y a otros de muy bajo nivel. Afortunadamente, nos hemos encontrado a personas sensibles en todos los grupos políticos y nuestro objetivo es seguir ofreciendo nuestra mano, somos aliados de los gobiernos y estamos para aportar.

—Para finalizar, ¿cuáles son, hoy por hoy, los retos de COEMFE en un futuro inmediato?

—Dar respuesta a las necesidades que vayan surgiendo y seguir desarrollando la Ley de Autonomía Personal. También estamos muy ilusionados con la Ley de Servicios Sociales que regula y refuerza los servicios de los ayuntamientos, y creo que se debe cambiar el chip en el movimiento asociativo y ser más reivindicativo y denunciar en los casos que no se cumpla con la ley de accesibilidad, así como en la incorporación al empleo público y privado. Estamos hablando de derechos y eso no se negocia.